Conmocionados por el asesinato de dos jóvenes en el último mes -en los alrededores de la ciudad capital- los legisladores de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, aprobaron convocar en audiencia a jerarcas de diversas instituciones para analizar la problemática desde todos los ángulos y buscar soluciones y alternativas de mayor seguridad.
El Ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres; el Director Regional de San José Randall Picado; el alcalde de San José o quien ocupe el puesto; el Director de la Policía de la Municipalidad de San José Marcelo Solano, el Director de Inteligencia y Seguridad Hans Segura, fueron los primeros convocados para que se refieran a los problemas de inseguridad que está viviendo la capital.
El legislador proponente de esta convocatoria Gilberto Campos, explicó su motivación.
La congresista Gloria Navas Montero llamó la atención del problema de que, aparentemente, los responsables de este hecho son dos menores de edad lo que preocupa por el involucramiento de personas de corta edad en la criminalidad tan seria. Insistió en que ya se deben ir haciendo recomendaciones para que se fijen en las políticas públicas y no esperar hasta que la comisión avance en su trabajo.
Otra moción, presentada por la diputada Andrea Álvarez Marín traerá en audiencia a las señoras Eugenia Mata Chavarría, encargada de políticas de prevención en los centros educativos y Marcela Ortiz Bonilla analista de inteligencia del Instituto sobre Drogas, ICD, para que se refieran al diagnóstico y problemática del aumento de ingreso de drogas en las escuelas y colegios.
La legisladora Alejandra Larios Trejos propuso -y se aprobó- que se llame en audiencia a Sergio Sevilla Pérez, viceministro de Seguridad y Paz, con el propósito de que se refiera a la prevención de la violencia, la coordinación con instituciones y organizaciones comunales y el funcionamiento de los Centros Cívicos por la Paz.
También acudirán en audiencia la Directora Nacional del PANI, Gloriana López Fuscaldo; Katherina Müller, Ministra de Educación Pública y Álvaro Ramos, Presidente Ejecutivo de la CCSS, con el propósito de que se refieran a la atención de la niñez y juventud en el tema de la violencia intrafamiliar y la seguridad en centros educativos.
De igual manera se aprobaron sendas mociones para enviar las condolencias, de los miembros de la comisión, a los familiares de los jóvenes Manfred Barberena y Marco Calzada, recientemente fallecidos en la ciudad capital.
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Los legisladores recibieron en audiencia a los señores Carlos Tiffel de la maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y a la jueza del Poder Judicial Rosaura Chinchilla, quienes recomendaron que se archive el expediente 23.104 Ley de Incentivos para la Denuncia en la Lucha Contra la Corrupción.
La jueza Chinchilla especifica que lo propuesto en el expediente ya está vigente, como delincuencia organizada, delitos graves y tramitación compleja y lo relacionado con el tema del “testigo de la corona”. Insistió que lo que se pretende es una duplicidad de aspectos que ya están reglamentados en el ordenamiento jurídico.
Por su parte el especialista Tiffel fue claro que el motivo de la propuesta de incentivar la denuncia por casos de corrupción en la función pública, no es lo más importante pues todos los delitos son de acción pública y por lo tanto no requieren de una denuncia. “Los órganos encargados de la investigación deberían ser capaces de iniciar una indagación, aunque no exista la denuncia”, afirmó el experto.
Por último, fue claro en que el proyecto hace creer que entre más denuncias haya se producirán menos delitos y que si se hacen más denuncias habrá mayores condenas “lo cual es completa y absolutamente falso”.
