El proceso de formulación de propuestas se acompaña del análisis y del diálogo académico alrededor de la situación país

En apoyo al proceso de diálogo nacional convocado por el Gobierno de Costa Rica para enfrentar la actual crisis económica, un equipo multidisciplinario de la UNED realizó una serie de propuestas para promover la reactivación económica, organizar las finanzas públicas, y generar y proteger empleos.

Las propuestas formuladas por la UNED nacen por acuerdo del Consejo Universitario para aportar a este proceso nacional de forma integral, “como parte de un proceso de reconstrucción económica, que permita reducir la desigualdad y democratizar los beneficios del crecimiento económico”.

Para el equipo académico que formuló las propuestas, “las medidas de política adoptadas para hacer frente a la crisis actual y la reactivación de la economía deben acompañarse de procesos de seguimiento y control para evaluar sus efectos y readecuar sus rumbos, como parte de un proceso dinámico, pero a su vez transparente a la población nacional”.

El rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, acotó que “esta propuesta se fundamenta sobre los mismos principios de la Universidad Estatal a Distancia, sobre los valores sobre los que se fundamenta la sociedad costarricense y sobre los valores en los que está construido nuestro país. Creemos que son necesarios los espacios de discusión respetuosos, de un diálogo efectivo, como la única manera por la cual se pueden alcanzar acuerdos nacionales”.

En el documento remitido al gobierno bajo el proceso “Costa Rica escucha, propone y dialoga”, la UNED aborda estrategias en tres temas: reactivación económica, creación y protección de empleos, y finanzas púbicas, a saber:

Reconstrucción económica, que proteja y fortalezca el empleo; y se dirijan recursos públicos hacia el crecimiento con equidad, justicia, responsabilidad ambiental y profundización del sistema democrático de bienestar social.

Para la reactivación económica se proponen medidas en dos grandes áreas: la inversión pública y la mejora en productividad y competividad.

Inversión social:

• Dar prioridad a la inversión pública en proyectos que generen infraestructura en zonas con bajos índices de Índices de Desarrollo Social (IDS) y formen encadenamientos productivos intensivos en empleos.
• Fomentar modelos de negocios cooperativos en las regiones para la producción, comercialización y consumo de bienes y servicios.
• Universalizar el acceso a las tecnologías digitales.
• Utilizar energías limpias, que contribuyan a la mitigación del cambio climático, gestionen los sólidos en plantas de tratamiento y diseñen subproductos orgánicos y no orgánicos.
• Promover mecanismos de formulación, seguimiento, control y evaluación de proyectos socioeconómicos, que evidencien la rentabilidad social de manera pública y transparente a la comunidad nacional.
• Fortalecer los mecanismos de seguridad ciudadana con énfasis en la prevención, como condición necesaria para contar con un clima favorable a la inversión y la producción; pero sobre todo contribuyan a la mejora de la calidad de vida y las relaciones de convivencia pacífica y democrática del país.

Mejorar la productividad de los trabajadores y la competitividad de la economía:

• Reforzamiento de la dotación de competencias en lenguajes, lógica y matemáticas, en la educación básica y secundaria; que permita a un mayor número de jóvenes formarse en áreas científicas, tecnológicas, las ingenierías y matemáticas.
• Promover la formación en ciencias sociales para el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación, así como el ejercicio de la ciudadanía en democracia
• Plan de fortalecimiento de competencias para personas desplazadas del mercado laboral por los efectos de la Industria 4.0.
• Aprovechamiento del bono de género y el consecuente aumento de la producción que se logra con la mayor inclusión de las mujeres en la economía.
• Ampliación de la oferta formativa en Educación Superior y promoción de la innovación tecnológica y el incremento en el capital humano en las regiones de menor desarrollo socioeconómico.
• Plan de innovación y desarrollo en los sectores de las ciencias de la vida, aprovechando el talento humano altamente formado del país y su posicionamiento internacional, dentro del marco de altos principios éticos y ambientales.
• Capacitación técnica de alto nivel y crédito accesible a las personas agricultoras para la producción de alimentos sanos,
• Incrementar la competitividad en los mercados y el establecimiento de una regulación congruente con los valores de la sociedad costarricense.
• Aprovechamiento de los fondos de Banca de Desarrollo para favorecer condiciones crediticias de las Mipymes y las organizaciones del sector de economía social y solidaria.

Creación y protección de trabajo decente y de calidad

• Ampliar la normativa y políticas que garanticen el trabajo decente, en concordancia con lo establecido por la Organización Internacional de Trabajo.
• Rechazo a la jornada de 12 horas, por ser excluyente y atentar contra la equidad en el acceso al trabajo.
• Asegurar la sostenibilidad del seguro de salud y del régimen de pensiones de IVM de la CCSS, que son condiciones básicas del trabajo decente y la calidad de vida de las personas trabajadores.
• Implementar medidas de apoyo a la economía informal, para proteger el empleo y los ingresos de más de un millón de costarricenses en este sector.
• Profundizar en la simplificación, digitalización y automatización de trámites para inscribir y operar empresas.
• Incentivar la creación de nuevas Mipymes y organizaciones del sector de economía social y solidaria mediante cargas sociales diferenciadas.
• Suspensión temporal de pagos por patentes municipales, impuesto al valor agregado e inclusive impuesto sobre la renta, con el compromiso de proteger los empleos.
• Adjudicación de proyectos de infraestructura a Pymes.
• Mayor profesionalización del sector privado.
• Evaluar los incentivos proporcionados a las zonas francas.

Finanzas públicas y Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que propicien una sociedad más igualitaria e inclusiva, estimulen la producción y la creación de empleo.

Gasto público para propiciar el desarrollo inclusivo:

• Reducir los recursos destinados al servicio de la deuda pública por medio de la renegociación de deuda internacional a tasas más favorables, y a nivel interno, se debe realizar una reingeniería financiera de la deuda interna, para bajar tasas y ampliar plazos.
• Incrementar la eficiencia del gasto, por medio de la digitalización y automatización de los procesos en el sector público.
• Implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad de la gestión pública, con modelos basados en la identificación de resultados a nivel de efectos e impactos.
• Generalizar el teletrabajo en el sector público.
• Ampliar la cobertura del Plan Proteger, para garantizar un ingreso básico a las familias en condiciones de pobreza extrema, como un primer paso con miras a la implementación de la renta básica universal.
• Ampliar y fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en todos los ámbitos del sector público.

Aumento de ingresos bajo el concepto de justicia social.

• Reducción del IVA y aumento de los impuestos directos a los ingresos, la riqueza y las tierras ociosas.
• Aprobación de la Renta Mundial como base para la tributación sobre la renta.
• Creación de impuestos ambientales, que además del aporte a los ingresos fiscales, reduzcan las externalidades negativas en la producción y el consumo y se obtenga una mejor calidad ambiental.
• Revisión profunda de las exoneraciones y exenciones de impuestos, con miras a su eliminación.
• Implementación de medidas de control para evitar la evasión y elusión fiscal, que incorporen la capacitación de los funcionarios, las mejoras tecnológicas en los procesos de control fiscal y de análisis de datos, así como la transparencia de la información sobre las empresas morosas en el pago de impuestos. Además, que fortalezcan los mecanismos de cooperación internacional, para el intercambio de información, establecimiento de estándares tributarios mínimos a escala global y enérgico combate a la infraestructura y redes globales de ocultación de la riqueza.
• Reducción de gastos en viajes, alimentación, entre otros dispensables para un buen servicio público. Asimismo, la reducción de la deuda política para las campañas electorales.