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A pesar del clamor de las comunidades de pesca artesanal de Guanacaste y Puntarenas y de la falta de argumentos técnicos, el Gobierno de Luis Guillermo Solís volvió a convocar el expediente 19.838 "Ley para el Aprovechamiento Sostenible del Camarón, Generación de Empleo y Combate a la Pobreza", en la Asamblea Legislativa.
 
El pasado 28 de abril, dicho proyecto de ley fue conocido por la Comisión de Ambiente del Congreso, luego de que el Poder Ejecutivo lo presentara nuevamente, pocas semanas después de que lo retirara – el 10 de marzo –, al enfrentar la oposición de la mayoría de diputados de dicha Comisión, incluidos los del Partido Liberación Nacional y el Frente Amplio.
 
La decisión de volver a convocar el Proyecto fue tomada por el Gobierno pese a que nada ha cambiado, pues las autoridades no han presentado estudios técnicos que demuestren que la pesca de arrastre puede ser sostenible, desde lo ambiental, lo económico y lo social. El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) no ha podido demostrar esto en los casi cuatro años transcurridos desde que la Sala Constitucional declaró inconstitucional el arrastre. Ahora los defensores del proyecto pretenden buscar una salida legislativa que deje en manos del INCOPESCA y su Junta Directiva la implementación de unos criterios de "sostenibilidad" carentes de sustento técnico.
 
La iniciativa de las autoridades es criticada por cientos de pescadores de Guanacaste, quienes se hicieron presentes a través de sus representantes el jueves 21 de abril a la Asamblea Legislativa para alzar su voz y expresar su "total oposición" al plan del Gobierno. Justamente la Cámara de Pescadores de Guanacaste – que agrupa a más de 500 miembros – envió una carta a los 57 diputados, en la cual evidencia su malestar por el proceso seguido por el Gobierno.
 
El presidente de la Cámara, Martín Contreras, refutó que el texto contenga medidas para hacer de la pesca de arrastre una actividad sostenible. También los pescadores artesanales guanacastecos reclamaron que el proyecto de ley no repara el daño que la captura de camarón por redes de arrastre semi-industrial genera en este sector.
 
"Los barcos de arrastre se llevan el pargo rojo, el pargo mancha y todas las demás especies de las cuales vivimos los artesanales. Luego venden ese producto dañado y de mala calidad en el mercado en grandes cantidades, haciendo que a nosotros se nos ofrezca comprar el poco pescado que capturamos por un precio mucho menor", dijo Contreras.
 
La gerente de Incidencia Política de Fundación MarViva, Viviana Gutiérrez, afirmó que nada ha cambiado en siete semanas y los criterios de sostenibilidad que incluye el proyecto siguen sin tener sustento técnico. "El Gobierno no ha presentado ni un solo estudio que demuestre que el proyecto de ley garantiza la sostenibilidad de la actividad pesquera y cómo se resuelven los impactos socioeconómicos graves que causa el arrastre en la actividad de los pequeños pescadores artesanales, en los términos señalados por la Sala Constitucional", señaló.
 
"Hay un conflicto socioeconómico entre el sector camaronero semi-industrial y el de pesca artesanal. La pesca de arrastre – además de ser dañina para los fondos y las especies marinas – provoca desigualdad, concentración de ingresos, competencia desleal y pérdida de empleos artesanales. Nada de eso es tratado en el proyecto. Vuelve a permitir la técnica prohibida por los magistrados hace casi cuatro años sin aportar fundamento técnico", agregó Gutiérrez.
 
Vicios del proceso y mentira de las autoridades
 
Los pescadores guanacastecos recordaron que desde octubre del 2015 renunciaron a la Mesa de Diálogo promovida por el Gobierno, de la cual salió el Proyecto de Ley. Reiteraron que se les engañó para participar, pues no tuvieron voto. También desmintieron que la persona mencionada por el Poder Ejecutivo como el representante del sector de pesca artesanal por Guanacaste – llamado Rolando Ramírez – tenga ese papel o algún vínculo con el sector.
 
"Rolando Ramírez no es el representante oficial de los pescadores artesanales de Guanacaste ni representa nuestros intereses. El Gobierno lo anda presentando ante los diputados, ante la opinión pública, en canales de televisión, como una voz nuestra ¡y eso no es así! Mienten al presentarlo como tal", aseguró Contreras.
 
El líder de siete asociaciones de pescadores de Guanacaste insistió que nunca avalaron un acuerdo pactado por el Gobierno con parte del sector pesquero, luego de una manifestación el 1 de setiembre del año pasado. En ese momento las autoridades de Gobierno se comprometieron a convocar este proyecto de ley de arrastre.

El plan cuenta con la oposición del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica (CIMAR-UCR); la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional; 16 organizaciones ambientalistas; diputados del Partido Liberación Nacional; el Frente Amplio y representantes del sector de pesca artesanal. Pero Casa Presidencial y la diputada oficialista Laura Garro defienden la iniciativa.
 
El cuestionado proyecto surgió desde un fallido proceso de discusión con los distintos sectores, facilitado por la hermana del Presidente, Vivienne Solís Rivera. MarViva está atenta ante el camino del proyecto en la Comisión de Ambiente y eventualmente en las sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa.

 

 


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