• ₡33.540 millones corresponden a infraestructura, ₡18.265 millones a inversión social y proyectos productivos, ₡11.810 millones a Pago de Servicios Ambientales y ₡8.310 millones a Comunidades Conectadas.
• Ante 50 dirigentes de los 24 territorios indígenas y autoridades de la ONU, este martes se presentó el “Informe de gestión del gobierno para el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos de los pueblos indígenas en el periodo 2018-2022”.
• Avance del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas, fortalecimiento al mecanismo general de consulta en cumplimiento a estándares internacionales de derechos humanos y reconocimiento a la nacionalidad costarricense de la población ngöbe-buglé, entre los principales logros.
• “Esta administración no solo atendió la deuda histórica con los pueblos indígenas, sino que visibilizó sus grandes aportes como protectores de los bosques, custodios de saberes tradicionales y protectores de una riqueza cultural que supera siglos”, señaló Randall Otárola, viceministro de la Presidencia.

Así quedó demostrado en la presentación del “Informe de Gestión del Gobierno para el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos de los pueblos indígenas en el periodo 2018-2022”, expuesto este martes por el viceministro de la Presidencia, Randall Otárola.

La presentación -realizada en el complejo rural sostenible Oikiumene, en Ochomogo- contó con la presencia de 50 dirigentes  de los 24 territorios indígenas del país, autoridades del Sistema de Naciones Unidas y del gobierno.

En el informe, Otárola destacó los avances -enmarcados en el respeto a los derechos culturales de los pueblos indígenas- en recuperación de tierras, territorios y recursos, reactivación económica, inversión en infraestructura, atención durante la pandemia, entre otros. Asimismo, hizo referencia a los desafíos más importantes en la agenda indígena, que ha sido una prioridad de la presente administración.

El jerarca detalló que durante este periodo, se invirtieron en territorios indígenas ₡33.540 millones en infraestructura; ₡18.265.698 en proyectos productivos e inversión social; ₡11.280 millones en el programa de Pago de Servicios Ambientales y  ₡8.310 millones en el programa Comunidades Conectadas.

“Esta administración no solo atendió la deuda histórica con los pueblos, sino que visibilizó los grandes aportes de las comunidades indígenas como protectoras de los bosques, custodias de saberes tradicionales, y protectoras de una riqueza cultural que supera siglos. El trabajo de las instituciones públicas demostró que se puede trabajar de la mano con las comunidades indígenas y así desarrollar políticas públicas pertinentes y efectivas”, señaló Randall Otárola, viceministro de la Presidencia.

En ese contexto, el presidente Carlos Alvarado comentó previamente que durante su gobierno “continuamos los esfuerzos realizados desde la administración anterior para dar una respuesta histórica con los pueblos indígenas. Por años, el Estado no respondió a las necesidades de las comunidades y por eso decidimos atender sistemáticamente los temas de infraestructura, tenencia de tierras, reactivación económica y el reconocimiento de la identidad, lo cual marca un antes y un después en la relación de las instituciones públicas con los ocho pueblos en los 24 territorios indígenas”, dijo.

Tierras, territorios y recursos naturales. Por primera vez, una administración alcanzó la etapa de devolución de tierras en territorios indígenas, tras el desarrollo del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas (RTI), creado en 2016, a cargo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

Este trabajo ha dado importantes frutos, los cuales en grandes números se resume en 4.983 documentos analizados, 208 mojones construidos y medidos, 7.777 censos realizados, 1.638 propiedades medidas y 310 expedientes conformados. Cada uno de estos expedientes es un estudio por finca de todos aquellos ocupantes identificados como no indígenas.

De estos expedientes, tres están solo a la espera de la resolución de una consulta interpuesta por la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas a la Contraloría General de la República, sobre el proceso de los pagos.

Para avanzar en este proceso, el Gobierno de la República destinó un presupuesto de ₡3.200 millones.

Inversión en PSA. El Programa de Pago de Servicios Ambiental (PSA) del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), giró ₡11.810 millones a los territorios indígenas en el periodo 2018-2022, distribuidos en 143 contratos de PSA por un área acumulada de 117.052 hectáreas en zonas de bosque y 1.488.633 árboles en sistemas agroforestales.

El reconocimiento institucional de los pueblos indígenas como protectores de los bosques a través del PSA le permitió al país recibir el Premio de las Naciones Unidas a la Acción Mundial sobre el Clima de 2020, en la categoría “Financiamiento de inversiones respetuosas con el clima” y en 2021 el Premio Earthshot, creado por el Príncipe Guillermo y The Royal Foundation.

En el contexto de la COP26, en Glasgow, en noviembre anterior, el presidente de la República, Carlos Alvarado, resaltó que los pueblos indígenas son los administradores de una gran parte de las reservas vivas de carbono que deben salvaguardarse para mantener la estabilidad climática global. “Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos”, dijo en referencia a la necesidad de incluir a estos pueblos a las políticas de protección ambiental y de financiamiento para enfrentar el cambio climático.

Infraestructura con pertinencia cultural. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el sector vivienda han desarrollado o iniciado 92 proyectos de infraestructura, con una inversión de ₡33.534 millones entre el 2018 y el 2022.

Entre estas obras, destaca la histórica inversión en vivienda que benefició a 1.186 familias, al construir el mismo número de casas, para un total de c15.398 millones. Además del alcance, los proyectos son un ejemplo de la nueva relación de las instituciones con las comunidades, ya que se construyeron respetando las particularidades geográficas y culturales de los pueblos indígenas. Así, predominaron nuevas casas construidas en madera, sobre pilotes para evitar las inundaciones y se priorizó la ventilación ante las altas temperaturas en Talamanca, Coto Brus, Valle de la Estrella, entre otros.

Además, en el 2021, se inauguraron los puestos de visita periódica en Pîedra Mesa y Bajo Bley, en el cantón de Talamanca, los cuales son obras arquitectónicas de la CCSS para dar una atención integral y pertinente a los habitantes.

El proyecto tomó seis años e implicó una inversión de ₡2.660 millones en la parte constructiva y ₡293 millones en equipamiento para un total de ₡2.953 millones, para la atención de 1.600 habitantes de las comunidades de Piedra Mesa y Bajo Bley.

Reactivación económica e inversión social. En su exposición, el viceministro Otárola también agradeció a las diferentes instituciones que se sumaron a la atención integral de los pueblos indígenas, como la inversión por ₡18.265 millones del IMAS en Crecemos, Avancemos, atención a familias, mejoramiento de vivienda, atención de emergencia, cuidado y desarrollo infantil  y procesos formativos, capacitación y emprendimientos productivos, procesos de formación y fortalecimientos de grupos de mujeres, ejecutados interinstitucionalmente.

Asimismo, la atención durante la pandemia que distribuyó ayudas humanitarias a 12.637 familias indígenas de los 24 territorios, entre otros.

En reactivación económica, se dio apoyo de diferentes instituciones como MAG e Inder para el impulso de programas de capacitación en seguridad alimentaria, siembra de productos agrícolas como plátano y cacao, asistencia técnica agronómica para la diversificación productiva, ferias del agricultor, asesoría para comercialización, emprendedurismo, entre otras opciones.

Conectividad. El proyecto Comunidades Conectadas en Territorios Indígenas es una iniciativa de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), por medio del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y ejecutado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El objetivo es brindar acceso del servicio de voz e internet a Territorios Indígenas y a los centros de prestación de servicios públicos (CPSP): Centros de Salud, Ebais, Centros Comunitarios Inteligentes, Escuelas y Colegios Públicos, Comedores Escolares (CenCinai).

Se trata de una inversión total de $47.9 de millones, abarcando un total de 14 territorios indígenas, 138 comunidades, 86 centros de educación y 30 centros de salud, lo que permitirá el cierre de brechas digitales. FONATEL ha realizado una inversión de $12,6 millones (₡8.310.573.180) en la construcción de torres y la expansión de redes de telecomunicaciones en zonas muy remotas

En el 2021, el ICE instaló 13 radiobases, como parte del programa y en este 2022, se sumarán otras 19. Esta Infraestructura en telecomunicaciones, financiada con recursos de FONATEL, beneficia a siete territorios indígenas en el Atlántico: Keköldi, Talamanca Cabécar, Talamanca Bribri, Bajo Chirripó, Alto Chirripó y Tayní; y ocho territorios indígenas en la Zona Sur:  Cabagra,  Rey Curré, Térraba, Salitre en Buenos Aires de Puntarenas y a Abrojo Montezuma, Altos de San Antonio y Alto Comte en Corredores y Golfito.l

Reconocimiento de derechos. Durante la administración Alvarado Quesada se rubricó la Ley 9710, “Protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza”.

Esta normativa ha permitido que los indígenas ngöbe-buglé regularicen su situación migratoria a través de una categoría especial de residencia o bien opten por la nacionalidad costarricense por medio de requisitos simplificados. Además, permitió que 116 personas ngöbe-buglé y sus familias cuenten con su seguro de salud.

Con el apoyo técnico del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se promulgó el decreto de oficialización y declaratoria de interés de la base de datos Bröran (Térraba), la cual se refiere a la determinación de los patrones genealógicos del pueblo Bröran. Este registro funciona como mecanismo de validación, en el que resulte preciso legitimar si una persona pertenece o no, a la etnia teribe.

La base constituyó la primera experiencia de esta naturaleza en Costa Rica y fortalece el cumplimiento de la Medida Cautelar MC321-12 dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor del Pueblo Teribe de Térraba, compuesto por cerca de 2.084 personas que habitan en Buenos Aires de Puntarenas.

Proceso participativo de consulta. El Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas es una herramienta para llevar a la práctica la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas de forma libre, previa e informada, cada vez que se prevean medidas administrativas, proyectos de ley promovida por el Poder Ejecutivo o proyectos privados.

Este Mecanismo, suscrito en marzo de 2018, fue desarrollado bajo el estándar de “consulta sobre la consulta”, originario en recomendaciones de la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas de la ONU.

Durante la administración Alvarado Quesada, el Viceministerio de la Presidencia inició el proceso participativo de consulta para la elaboración de la política pública de los pueblos indígenas y la ejecución de procesos de consulta para una veintena de proyectos específicos en territorios indígenas; se crearon instancias territoriales de consulta indígena; se capacitó a representantes locales y de las instituciones y se fortaleció la Unidad Técnica de Consulta Indígena, que se encuentra en el Ministerio de Justicia y Paz.