68% de personas encuestadas manifiesta que el Estado costarricense no administra de manera adecuada sus mares y costas.

Existe confusión al valorar si las personas son dueños de terrenos dentro de las islas.

La mayor parte de la ciudadanía de Costa Rica rechaza la técnica denominada pesca de arrastre para la captura de especies de camarón en aguas profundas, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA).

De acuerdo con los datos, un 91,3% de las personas consultadas a través de la encuesta Percepción sobre las islas en Costa Rica y las condiciones de vida de sus pobladores, manifestó estar en desacuerdo con la implementación de la pesca de arrastre, mientras solo un 8,7% dijo estar a favor.

Razones como “arrastra la diversidad marina” y “destruye el ecosistema y las especies” representan, conjuntamente, el 70% de los argumentos en contra de esta práctica, que en el 2013 fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional, al no establecerse un criterio científico que asegurara la sostenibilidad de esta técnica.

Aunque el actual gobierno impulsó un nuevo estudio sobre la pesca de arrastre, el pasado 15 de noviembre, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró con lugar una medida cautelar que presentó la fundación MarViva contra el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), con la que se detuvo dicho estudio.

La extinción de especies, la falta de regulación y la predilección por técnicas más artesanales son otras razones esgrimidas por las personas consultadas para rechazar la pesca de arrastre.

Además, siete de cada diez personas entrevistadas manifestaron saber en qué consiste la pesca de arrastre; sin embargo, un 42,3% vincula esta práctica con la captura de pescado, mientras que el 39% señala que el objetivo es la pesca de camarón.

La encuesta menciona sendas conclusiones de estudios que determinan que “la pesca de arrastre del camarón genera un impacto ecológico relevante, pues captura de manera incidental otras especies pequeñas con o sin valor comercial, tortugas marinas, cangrejos, tiburones, mantarrayas, con consecuencias negativas para los ecosistemas y otros organismos de los fondos marinos”.

La encuesta Percepción sobre las islas en Costa Rica y las condiciones de vida de sus pobladores, analizó también la forma como los ciudadanos valoran las situaciones en que viven sus habitantes.

Según el estudio, se identificó que el país cuenta con más de 100 islas, con 450 kilómetros de costa en el océano Pacífico y 200 kilómetros en el mar Caribe, donde se sitúan 816 comunidades con altos niveles de vulnerabilidad social.


Inadecuada administración

Asimismo, un 67,9% de las personas encuestadas manifestó que el Estado costarricense no administra de manera adecuada sus mares y costas, a pesar de que Costa Rica cuenta con una Política Nacional del Mar (2013-2028) y una Comisión Nacional Marina (CONAMAR). El actual gobierno desistió de nombrar a algún jerarca para el Viceministerio de Aguas y Mares, adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía, y tampoco se identificó dentro de la organización del Poder Ejecutivo, algún sector dedicado a la atención de la agenda marina y costera costarricense.

Para la mitad de la población (51,2%), el principal uso que se le debe dar a las islas es la de conservación natural, como ocurre hoy con la isla del Coco o la isla San Lucas, mientras que para un 31,8% de los ciudadanos deberían destinarse al desarrollo turístico rural comunitario.

Donde sí existe mayor confusión en las percepciones ciudadanas es en cuanto a la valoración de si los territorios de las islas pertenecen a sus habitantes. Para un 45,7% de la muestra sus pobladores sí son los dueños, versus un 54,3% que opina lo contrario.

En este punto, el estudio, basado en dictámenes de la Procuraduría General de la República, destaca que la legislación vigente establece que ninguna persona pueda apropiarse de terrenos dentro de las islas de Costa Rica, y que la única figura legal a la que se puede recurrir para tener dominio sobre ellas es a través de una concesión.

A pesar de ello, para un 73,8% de las personas sí existen limitaciones para que una persona pueda ser dueña de un terreno en una isla. Limitaciones de recursos económicos, restricciones legales o administrativas, falta de apoyo institucional y desconocimiento sobre los trámites que se deben realizar, fueron, de manera proporcional, las principales razones indicadas.

Aunque las islas son de dominio absoluto del Estado, un 78% de las percepciones ciudadanas lo considera así, mientras que para un 10,2% de la muestra pertenecen a asociaciones de desarrollo integral. El 8,4% considera que son de las municipalidades y un 2,3% de “cualquier ciudadano”.

En lo que sí existe una concordancia casi absoluta (98,9%) es en la opinión de que en las islas debe garantizarse el derecho al acceso a servicios básicos, en referencia a la red vial, aseo de vías, recolección y tratamiento de residuos, agua potable, electricidad, educación, salud, seguridad y telecomunicaciones.

De acuerdo con la encuesta, un 38,3% asegura que hay disponibilidad eléctrica en todas las islas, un 47,8% opina que en algunas y un 13,9% que en ninguna. En cuanto a agua potable, un 39,4% manifestó que existe en todas, un 38,6% que en algunas y un 22% que en ninguna.

Finalmente, los resultados determinaron que las islas que más conocen las personas son isla del Coco (26,9%), isla San Lucas (15,1%), isla Chira (15%), isla Tortuga (10,3%), isla Venado (8,4%) e isla Uvita (6,2%).

La investigación estuvo a cargo del Programa Interdisciplinario Costero del Idespo-UNA y se llevó a cabo del 1º al 2 y del 4 al 9 de setiembre del 2023. Se entrevistó a 1.448 personas vía telefónica, con un error de muestreo del 2,6% y un nivel de confianza del 95%.