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Urge al Nuevo Gobierno darle prioridad a medidas que garanticen la Reactivación del Sector
- Señala temas urgentes: desde facilitar el acceso al crédito para vivienda a las familias de clase media, hasta impulsar reformas a la gestión de obra pública.
- Señala temas urgentes: desde facilitar el acceso al crédito para vivienda a las familias de clase media, hasta impulsar reformas a la gestión de obra pública.
- Señala temas urgentes: desde facilitar el acceso al crédito para vivienda a las familias de clase media, hasta impulsar reformas a la gestión de obra pública.
- La obra pública decreció a tasas del -20%, mientras que las obras con destino privado reflejaron crecimiento.
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) hizo un fuerte llamado a los candidatos a ocupar la Presidencia de La República, pues urge que el nuevo gobierno tome medidas rápidas y contundentes para promover la reactivación del sector y con ello la del país.
“La construcción produce un impacto positivo en la economía a partir de los múltiples encadenamientos que genera. En términos de empleo directo, el sector da trabajo en promedio al 6,6% de las personas ocupadas en el país, a lo cual se debe agregar que por cada trabajador directo se generan 0,76 indirectos. De aquí la importancia de impulsar el desarrollo de la construcción como motor económico y generador de desarrollo socioeconómico del país”, manifestó Carlos Trejos, Presidente de la CCC.
Para la Cámara hay siete temas que deben ser prioritarios en la agenda de trabajo del próximo gobierno y que deben implicar acciones claras desde los primeros días de la administración:
Facilitar el acceso al crédito para vivienda de clase media:
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la construcción es el principal reactivador de la economía en cualquier país del mundo y el principal factor de activación se da por medio de la construcción de vivienda. Para ello se requiere mantener bajas tasas de interés para la compra de primera casa, reducir los costos financieros (comisiones, servicios notariales, etc.) y ampliar beneficios y condiciones que se han otorgado a viviendas de un valor menor al límite de interés social, para créditos de vivienda hasta 100 millones de colones. Asimismo, se debe valorar el otorgamiento de incentivos fiscales para compra de primera casa, por ejemplo, la deducción del pago de intereses por préstamos de vivienda del impuesto de renta.
Garantizar la disponibilidad del agua para el desarrollo futuro del país:
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Los problemas de planificación y ejecución de proyectos por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), tienen en riesgo el abastecimiento actual y futuro de agua para toda la población del Gran Área Metropolitana (GAM). Además; ya están limitando el desarrollo de todo tipo de proyectos, impactando con ello la generación de empleo y el desarrollo económico del país. Actualmente se tienen problemas de disponibilidad de agua en sectores como Sabana, Paseo Colón, Los Yoses, Montes de Oca, Curridabat y Coyol de Alajuela, entre otras zonas dentro del GAM. Asimismo hay faltantes importantes de agua en zonas rurales y costeras.
El próximo Gobierno debe tener como prioridad identificar y priorizar los proyectos de construcción de infraestructura de recurso hídrico que requiere el país en los próximos diez años. A partir de tal jerarquización, AyA debe abocarse a llevar a cabo las obras, estableciendo un cronograma de actividades para cada uno de ellos con la supervisión directa del Ejecutivo, para que esta situación de emergencia se pueda resolver de forma oportuna. Asimismo, se debe definir un programa de mantenimiento de la infraestructura existente y recopilar los datos sobre la capacidad hídrica de los mantos acuíferos y las ASADAS que existen en el país.
Estimular la ejecución de obra pública:
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para la CCC resulta muy preocupante el recorte de los presupuestos destinados a obra pública para el año 2022. Reconocemos que existe poco margen de acción para la construcción de obras con fondos públicos, lo cual se ha agravado con la pandemia y los altos niveles de endeudamiento del Gobierno. En vista de lo anterior; el Estado debe buscar otras alternativas de financiamiento diferentes a las convencionales, lo que hace importante ampliar el uso el modelo de concesiones y de las Asociaciones Público-Privadas (APPs), como un medio factible para el desarrollo de las inversiones en obra pública que requiere el país.
Existe la legislación para lograrlo.Se debe potenciar el aprovechamiento de la Ley 9701 “Fortalecimiento de Modelos Eficientes de Asocio entre el Sector Público y Privado para el Desarrollo de Obra Pública”, que reforma la Ley General de Concesiones No. 7762.Normativa que permite el uso de mecanismos innovadores para el financiamiento de los proyectos, tales como el reciclaje de activos que permite la explotación, operación y mantenimiento de un activo existente del Estado y le brinda a éste una contraprestación inicial o periódica por el derecho de explotación del activo, manteniendo la propiedad estatal. Estos contratos pueden ser pagados por el usuario (peajes), por el Estado o una combinación de ambos.
Impulsar reformas en la gestión de obra pública:
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La falta de capacidad de gestión de las organizaciones del Estado a cargo del sector de Obras Públicas y Transportes, la insuficiente inversión en infraestructura y mantenimiento vial, así como la carencia de alternativas eficientes de transporte público tienen un impacto negativo indiscutible en la calidad de vida de los habitantes de Costa Rica y en el clima de negocios.
La próxima Administración debe tener en cuenta que un proyecto de infraestructura comprende una serie de etapas que van desde la planificación, estudios, preparación, financiamiento y diseño hasta la construcción, operación y mantenimiento de la obra, por lo que requiere más de los cuatro años que dura un gobierno en su gestión. Es por ello que el país requiere una Política de Estado, generada a partir de una visión país de largo plazo, que trascienda los gobiernos de turno y defina los proyectos prioritarios con criterios técnicos y de conveniencia nacional, para que la ejecución no dependa de los cambios de gobierno o de intereses partidarios. Dicha política debe contemplar que los proyectos de ingeniería requieren de una planificación integral, de manera que al construirlos se concluya -previo a dar orden de inicio- la etapa de pre-ingeniería y se minimicen los problemas que se han presentado por años como el incremento de costos y plazos, rediseño, cancelación de proyectos y pago de intereses por préstamos sin ejecución.
Profundizar y acelerar la mejora regulatoria para el sector:
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Se debe atacar el exceso de tramitología que sufren tanto los desarrolladores como los compradores en instituciones como SETENA. Desde la Cámara se viene insistiendo desde hace muchos años en que SETENA es una institución que debe transformarse para que realmente genere un aporte al país y al desarrollo sostenible. Para ello debe convertirse en una institución que armonice el marco regulatorio que rige la materia ambiental, propicie la simplificación de trámites y la seguridad jurídica de los administrados y aplique la coordinación interinstitucional.
En aras de la protección ambiental, además de la evaluación documental, SETENA debe realizar fiscalización “in situ”, por medio del seguimiento y control, porque solo así hay garantía del cumplimiento de las medidas contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Adicionalmente se debe trabajar en una verdadera mejora regulatoria para el sector que simplifique los trámites y los digitalice, manteniendo un control permanente sobre la emisión de nuevas regulaciones.
Frenar la participación desleal del ICE en actividades de consultoría, diseño y construcción de obras públicas:
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El ICE es una institución que en los últimos años ha estado compitiendo de manera desleal y dejando por fuera y sin capacidad de participar a diversas empresas y profesionales independientes. Las instituciones públicas deben asegurarse de contratar los mejores servicios, en las mejores condiciones y al mejor precio, incluyendo el cumplimiento de plazos.
Preocupa que el ICE es un constructor que se caracteriza por excederse en el costo de sus obras y en los plazos de finalización de las mismas. El Poder Ejecutivo debe poner un freno inmediato a esta competencia desleal y enfocar al ICE a ejecutar de forma eficiente y eficaz las funciones que por ley tiene definidas.
Reducción del gasto público:
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La Cámara Costarricense de la Construcción apoyó la Reforma Fiscal que se aprobó en el 2019, por considerarla necesaria para el país. Sin embargo, se insistió en que dicha reforma debía venir acompañada de una contención real del gasto público.
El próximo gobierno debe abordar de manera prioritaria la mejora en la eficiencia y eficacia del gasto público y, mientras no se realice una reforma sustancial en esta materia, es inaceptable la aprobación de más impuestos. Si bien se reconoce la imperiosa necesidad de avanzar en la negociación con el FMI, consideramos inviable pensar en aumentar la carga tributaria mientras no haya acciones concretas y agresivas en materia de reducción del gasto estatal. No es factible que se cargue todo el peso del ajuste sobre las espaldas de los contribuyentes, ya que no podrá haber reactivación en un escenario en que las propuestas solo vienen a elevar los tributos.
Situación del Sector Construcción en el 2021
El 2021 representó un año de múltiples retos para el sector construcción derivados de la crisis por el COVID-19. Conforme la vacunación aumentó y las restricciones al comercio y movilidad se moderaron, la confianza del consumidor y empresario permitieron que se emprendiera la senda de recuperación: el IMAE construcción desde mayo hasta noviembre de 2021 se ubicó en promedio en 9.3%.
El crecimiento del sector estuvo determinado por el dinamismo de la construcción privada, ya que la obra pública reflejó una contracción sin precedentes en 2021. La obra pública decreció a tasas del -20%, mientras que las obras con destino privado reflejaron crecimiento, a tasas máximas cercanas al 27%.
Por otro lado, el comportamiento de la intención de construcción tuvo un balance positivo si se compara con 2020. Durante 2021 los metros cuadrados tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) crecieron en un 13.5% respecto al año anterior. Sin embargo, la tramitación no logró alcanzar los niveles previos a la pandemia por el COVID-19. Comparado con 2019 la tramitación registró un -15.8% menos.
Respecto al comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción, los datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) reflejan que para el 2021 mostró un crecimiento del 5% y para el 2022 se proyecta un crecimiento de al menos 4% (según el Informe de Política Monetaria publicado en octubre 2021).
A pesar de que los indicadores muestran una recuperación en el sector, existen circunstancias que podrían afectar el dinamismo y frenar el crecimiento, esto sumado a que el sector arrastra una desaceleración desde períodos atrás que requiere un impulso mayor para ubicarse en los niveles deseables de actividad económica.
“Los puntos que hemos señalado recalcan la necesidad inmediata estimular la obra privada e impulsar el desarrollo eficiente de obra pública con el fin de generar un círculo virtuoso de crecimiento económico, creación de empleo y recuperación económica”, concluyó Carlos Trejos, Presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción.