El Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), presentó los resultados de la encuesta nacional: “Percepción sobre la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes”.

La encuesta se realizó en el Centro Tecnológico de Investigación Social (CETIS) del IDESPO, del 14 al 22 de abril 2023, abarcando una población de 910 personas, con un 3,2% de error de muestreo y un 95% de confianza. La muestra se ajusta por la no respuesta con base en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En esta ocasión el ajuste se realizó con la distribución por sexo, edad y educación de la ENAHO 2022.

“El objetivo de esta encuesta fue conocer las percepciones que tenía la población costarricense acerca del delito internacional de trata de personas, y de forma específica retratar las vías en que se acceso a dicho conocimiento, identificación de vulnerabilidades, características y finalmente relacionar cuáles factores estructurales inciden para que se den situaciones de trata de personas”, indicó la coordinadora del Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades del IDESPO, Dra. Cynthia Mora Izaguirre.

Dentro de los principales hallazgos, en cuanto a la trata de personas, se observó que gran parte de la población encuestada, 77,6% tiene una acertada percepción del concepto, el cual se definió como el comercio de personas para la explotación sexual y laboral e incluso para el tráfico de órganos. De la población encuestada el 16,9% no sabe qué es y lo confunde con otro concepto el 5,5%.

Por otra parte, la gran mayoría (87,2%) estuvo de acuerdo en que las personas con mayor riesgo a ser tratadas son los menores de edad; seguidos por las personas menores de 35 años (66,2%). Otros grupos poblaciones que se identificaron que también corren riesgo son los migrantes (89%), las personas con bajo nivel educativo (81,2%) y las desempleadas (73,4%). Y con respecto al sexo, se consideró que son las mujeres a quienes les afecta más esta situación con un 67,9%.

En el tema de acceso a la información sobre este delito, un 66,5% mencionó que sí ha tenido acceso a ella, y es la televisión el principal medio por el cual la gente se informa sobre esta temática (90,9%), seguido por las redes sociales (80,7%).

Los factores determinantes de la trata de personas mostraron que la población consultada es bastante pesimista y reconoce que en el país se dan diversas formas de explotación (doméstica, agrícola, infantil con fines sexuales, sexual por medio de redes de prostitución).

Los encuestados consideraron que hay una serie de situaciones que requieren atención urgente por parte del Gobierno de la República en el siguiente orden de relevancia: tráfico y venta de drogas, delincuencia organizada, inseguridad, violencia de cualquier tipo, pobreza, desempleo, personas que piden en las calles, migración de extranjeros, ofertas de trabajo engañosas, turismo sexual y trabajo infantil. Es decir, que más allá de la trata de personas, el país es propenso para que se cometa casi cualquier delito y es urgente que el gobierno intervenga ya que se considera que todos los días en Costa Rica se dan sucesos violentos, crimen organizado, tráfico de armas, coyotaje y trata de personas.

Otro dato importante, es que casi una cuarta parte de la población encuestada no tiene claro que es tráfico ilícito de migrantes o coyotaje, de estas personas, la mayoría lo confunde con el concepto de trata.

También, respecto al tema de los derechos humanos, se asocia más con igualdad y el respeto de los derechos de las personas y que se les garantice un mínimo de recursos para la subsistencia.

Por último, como conclusiones se recomienda volver a implementar campañas estatales, especialmente a la luz de un alto tráfico de personas atravesando nuestro país rumbo a los Estados Unidos, índices de desempleo e informalidad tan altos, hace imperativo que el Gobierno de la República invierta en posicionar el tema para su prevención y denuncia.

Además, es fundamental también el papel del Estado en cuanto a políticas públicas enfocadas a la prevención, así como de proveer y garantizar a las personas el acceso a una educación de calidad y mejores condiciones laborales, pues estos condicionantes sirvan para repeler los engaños de los que son objeto las personas por parte de los tratantes. La inversión social es la más poderosa herramienta que puede contribuir a luchar contra este flagelo.