El sector agropecuario actualmente emplea cerca de 215 mil personas (10% de la población ocupada de Costa Rica) y provee el 29,1% de los empleos en la zona rural. Además, representa el 19,6% de las exportaciones de bienes y junto con el sector alimentario, “la agricultura ampliada”, aporta el 32,8% del total (Umaña, 2021a; INEC, 2022; Procomer, 2022).
Asimismo, es un sector clave de las futuras apuestas estratégicas que orientan la construcción de once “polos de desarrollo” a lo largo del territorio, por concentrar las actividades productivas que pueden impulsar el progreso económico y social de los próximos treinta años, según lo plantea la Estrategia Económica Territorial para una economía inclusiva y descarbonizada 2020-2050 Costa Rica (EET, MIDEPLAN, 2021).
No obstante, en reiteradas ocasiones la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), así como expertos del sector, han llamado la atención sobre la desatención que afecta al sector. Varios argumentos han justificado esa alerta: i) las dificultades de acceso al crédito, en 1987 la banca estatal dirigía el 35% de sus créditos al agro, en 2019 representa un 3,3%; ii) trabas legales que impiden modernizar el registro de agroquímicos y por ende acceder a productos más eficientes e inocuos para la salud y el ambiente; iii) los débiles encadenamientos productivos en algunos productos y sectores; iv) la ausencia de políticas claras que promuevan el desarrollo del sector (Murillo, 2019; Umaña, 2021b; CNAA, 2021).
Además, el sector afronta el reto impostergable de aumentar significativamente su productividad. Ello implica intervenciones que promuevan la investigación y el desarrollo (I+D), la innovación, la articulación y colaboración entre actores, y la cantidad y calidad del recurso humano. Todo esto permitiría transformar al sector mediante la incorporación de más conocimiento científico y tecnológico que aumente el valor agregado a sus actividades productivas.
No obstante, el país se ha alejado de esta senda y más bien, el área de ciencias agrícolas destaca por ser la que ha sufrido la mayor contracción de inversión en I+D. Desde el 2014 al 2018 (último año en que se dispone de la estadística) esa inversión disminuyó 16,1 millones de dólares (MICITT, 2019). Adicionalmente, las características del perfil académico del talento profesional que se forma, también constituyen una limitante para alcanzar mejoras en la productividad del sector.
Por ser una de las capacidades básicas que el país requiere para mejorar la productividad y la modernización del agro, este blog mira con más detalle la dotación de recurso humano tanto a nivel profesional como técnico.
En lo que va del siglo XXI la formación de nuevos profesionales en ciencias agrícolas [1] muestra un comportamiento de franco estancamiento (gráfico 1). Esto representa una dinámica distinta al de las otras áreas de conocimiento científico tecnológico, principalmente en comparación con las Ingenierías y Tecnologías y las Ciencias Médicas, ambas con una dinámica al alza. Por otra parte, menos del 13,3% del talento profesional cuenta con posgrado, lo cual limita la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías y conocimiento que incrementen la productividad de manera sostenible con el ambiente y mejoren la calidad de los productos.
Un enfoque en quienes se han graduado en Agricultura, Silvicultura y Pesca, Extensión agrícola, Biotecnología agrícola, Producción animal y Recursos Naturales (6.219 profesionales) muestra eso sí, que estas personas se encuentran relativamente distribuidas en el territorio nacional, con una mayor presencia en las zonas de Cartago y San Carlos (6,85% y 5,88%, respectivamente).
Otra forma de atender las necesidades del sector agrícola es mediante el talento formado por la Educación y la Formación Técnico Profesional (EFTP), una apuesta medular para asegurar una conexión del sistema educativo con los requerimientos de la estructura productiva y del mercado laboral. Éste, sin embargo, no proporciona un panorama más optimista pues también evidencia problemas para atender las necesidades del agro. La información disponible muestra que la graduación en este sector corresponde apenas al 4,42% de quienes se han egresado durante el período 2014-2020 (de un total de 32 instituciones de la EFTP). Además, ese número viene en caída, durante esos años la proporción de personas egresadas bajó en 8,2 puntos porcentuales y en el 2020 se traduce en 1.088 personas (HIPATIA, 2022).
Escasa contribución de la EFTP a la transformación del sector agro en los territorios
La reciente disponibilidad de datos sobre la estructura productiva a nivel cantonal facilita explorar nuevos abordajes a la atención de las debilidades estructurales que afectan las brechas de desarrollo territorial (Durán Monge et al, 2021), y de manera particular, su convergencia con una oferta educativa que agregue valor a esas actividades económicas. Para entender mejor la correspondencia entre la oferta de la EFTP y las características de la estructura productiva en los territorios, a continuación se presenta una mirada enfocada en los cantones, todos ellos fuera de la GAM, donde el sector primario responde por al menos el 40% de su economía. Se trata de cantones que, en comparación con el resto del país, son especialistas [3] en estas actividades, estos son: Matina, Nandayure, Los Chiles y Parrita. A pesar de la importancia del sector, llama la atención que en dos de ellos, Nandayure y Parrita, la desconexión es total pues en siete años, aunque cada uno cuenta con la presencia de una institución de la EFTP, no se ha graduado una sola persona del sector agropecuario.
Los Chiles es el que muestra una mayor convergencia. Si bien únicamente el 14,2% de los graduados lo hace en este sector, en su mayoría se egresan de las especialidades de producción agrícola y pecuaria, las cuales sí se alinean con la atención de las actividades primarias de mayor peso. Estas incluyen el cultivo de la piña (principal actividad económica) y la cría de animales, ambas actividades en las que se especializa el cantón. En el siguiente panel podrá filtrar entre estos cuatro cantones para conocer la importancia del agro en su producción, sus actividades económicas y la graduación de la EFTP durante el periodo 2014-2020.
Por su parte, en el caso de Matina, donde la EET prevé la ejecución de un polo de desarrollo (“Portuario del Caribe Limón-Cahuita”) que apuesta por la agricultura regenerativa y de precisión y por la pesca sostenible y la acuicultura costera, serán necesarias intervenciones radicales que cambien las actuales deficiencias de recurso humano y que logren habilitar esa deseable transformación. La reciente creación del Sistema Nacional de la Educación y Formación Técnica Profesional (SINEFOTEP) [4] que articulará y sistematizará las acciones de la EFTP es una decisión que podría mejorar la actual situación.
Es necesario volver a colocar al agro en un lugar prioritario y diseñar políticas educativas, sociales y productivas que cierren las brechas existentes. El sector requiere de intervenciones que busquen incrementar la productividad basada en la innovación y en los encadenamientos agroforestales para propiciar una economía de futuro comprometida con la sostenibilidad y la mejora de vida de las personas y sus oportunidades en zonas rurales y costeras. Entre las tareas pendientes está la mejora continua de la correspondencia entre la oferta educativa y las particularidades de la estructura productiva de los territorios y de las oportunidades de inversión que eventualmente puedan generarse.
