• Afectación de la estructura financiera, pérdida de competitividad y cierre de negocios son algunas de las consecuencias inmediatas de esta medida

Percibida como una grave amenaza para la industria turística, el Ministerio de Hacienda rige el cobro del 13% del Impuesto de Valor Agregado a todas las Áreas Silvestres Protegidas Estatales, al considerarlas como prestación de servicios de recreo.

La forma como se estará aplicando el Impuesto significa un atropello a la legalidad de este país y genera una inseguridad jurídica para todo el sector turístico nacional.
Serán gravables con el impuesto de ventas, únicamente aquellas actividades de diversión, esparcimiento, distracción y entretenimiento, que se lleven a cabo dentro de un centro de recreo.

De acuerdo con Kattia Valverde, Presidente de la Asociación Costarricense de Operadores Turísticos (ACOT), las consecuencias inmediatas son diversas; entre ellas la afectación de la estructura financiera, en la cual los empresarios deberán asumir los costos del gravamen a las actividades de tours, ya que los negocios han firmado contratos con agencias mayoristas, hasta con dos años de anticipación, por lo tanto no pueden variar las tarifas.

Por otro lado, la pérdida de competitividad, ya que el incremento de las tarifas en los servicios de los tours prácticamente sacarán a Costa Rica del mercado turístico. Además buscarán disminuir todo aquel producto que incorpora actividades que están tasadas con el impuesto, como por ejemplo: disminución de la visita a parques nacionales en los paquetes de tour operadoras.

Como medida, los empresarios también se verán en la necesidad de encarecer los productos a mediano plazo. Mientras que otros sólo les quedará la opción de cerrar sus negocios si a las autoridades tributarias proceden a cobrar el impuesto de forma retroactiva, puesto no tendrán cómo pagarlos, ya que no recogieron el gravamen, pues el sector nunca obtuvo una notificación oficial.

Como resultado, los empresarios agremiados en la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) hicieron público su disgusto el pasado 22 de julio, ante el decreto del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Pablo Heriberto Abarca, presidente de CANATUR afirmó que el origen del problema nace en el decreto del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), del 30 de abril de este año, que establece un incremento en las tarifas a las Áreas Silvestres Protegidas.

Además indicó que la Cámara ha realizado diversas acciones, con el objetivo de informar al sector y conseguir su apoyo, pero también para frenar la aplicación de este gravamen.

Por su parte, Wilhelm von Breymann, Ministro de Turismo, durante estas semanas, ha ejercido ingentes esfuerzos ante otras autoridades gubernamentales como el Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez; el Ministro de Hacienda, Helio Fallas, y el Director General de Tributación, Carlos Vargas; para buscar una salida viable a la problemática que aqueja al sector, el cual constituye el principal motor de la economía nacional.