El pasado 13 de abril, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate, con 50 votos a favor y 1 en contra, el expediente N° 21.909, Ley de protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad Covid-19. Tras un problema de fondo, el texto se devolvió a revisión el pasado 15 de abril, sin embargo al 22 de este mes el texto se actualizó y está por aprobarse.

El proyecto busca crear un subsidio económico proveniente del congelamiento de precios nacionales de los hidrocarburos, aprovechando la baja de precios internacionales (en abril el crudo llegó a $19.72 por barril) y por un periodo de tres meses prorrogables, con el fin de beneficiar a aquellas personas que han perdido su trabajo o a las que se les cambió las condiciones laborales; es decir que a pesar de que los combustibles a nivel mundial son más bajos, en el país no podrá rebajar su precio, por lo que los consumidores seguirían pagando ₡606 la gasolina Súper, ₡583 la gasolina Plus 91 y ₡498 el diésel.

Precio tomado de http://Acodeco.gob.pa

La iniciativa excluye al diésel, debido a que es el recurso más utilizado por el sector pesquero, agro y el sector transporte, por lo que la medida no afectaría su desempeño según los congresistas. 

Sin embargo, el diputado Pedro Muñoz, quien fue el único legislador que votó en contra del proyecto, alega que la medida encarece los insumos agropecuarios, el diésel y la comida de las personas que más lo necesitan. Si bien la medida establecería beneficios para un sector de la población que ha sido afectada laboralmente por el COVID-19, el proyecto estaría dejando por fuera a los emprendimientos y pequeñas empresas que necesitan trasladarse de igual forma para realizar sus labores, y a quienes el estancamiento del precio de la gasolina no los beneficiaría, pues tendrán que seguir invirtiendo la misma cantidad de dinero en transporte.

Al igual que Muñoz, el Lic. Juan Ricardo Fernández, de la Asociación de Consumidores Libres, considera que el bloquear el beneficio de la baja del precio, no es la forma correcta para reactivar la economía del país.

“Nos parece que en momentos en que la economía está estancada, lo ideal es que se quieran reducir costos para beneficios de todas las personas y empresas, por lo que debería de permitirse que la baja en los costos a nivel internacional beneficie a todos, por medio de la liquidez. El precio del petróleo es un súper precio porque afecta a miles de precios de productos y servicios más y por ende a más sectores”, comentó Fernández.

El Lic. Juan Ricardo agregó, que si se aprovecha la baja mundial del costo de los hidrocarburos, como consumidores se tendrá un ingreso disponible y adicional para comprar las cosas que se necesitan y no utilizarlo en el pago del combustible. “El hecho de que el diésel esté fuera del proyecto, beneficia solamente a unos pocos, puesto que la mayoría utilizan los demás recursos”.

El proyecto establece que la Autoridad Reguladora no realizará fijaciones de precio de margen de estaciones de servicio y de margen de transportista. Así mismo, RECOPE trasladará al Ministerio de Hacienda, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, la diferencia que se produzca entre los precios del plantel y el menor precio de venta que resulte de la aplicación de la metodología, aprobada por la Autoridad Regladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Según la diputada liberacionista, Franggie Nicolás lo que se pretende es que por un período de tres meses se congelen los precios de los combustibles para que de esta manera se puedan recaudar cerca de 27.000 millones de colones que beneficiarían a unas 75.000 familias a nivel nacional.