Por Hernán Imhoff, Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo
El reciente fallo de la Sala IV que declara inconstitucional el artículo 24 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) constituye un serio revés para la operación efectiva de una institución que, como dice su lema, ha sido una llave de progreso para miles de jóvenes que a lo largo de los años encontraron en esa entidad una extraordinaria oportunidad para capacitarse en habilidades laborales.
Dicho artículo fue creado por la Ley 9931, que fue la reforma aprobada en el año 2021, para buscar garantizar que el INA se lograra adaptar a la revolución industrial 4.0 y a las demandas más recientes del sector empleador.
Además, esa Ley fue aprobada por 42 diputados y apoyada por múltiples sectores. La Sala Constitucional tenía la potestad de recibir al Instituto para explicar los alcances de la Ley, así como el impacto de una eventual declaratoria de inconstitucionlidad. Sin embargo, ese Tribunal prefirió decidir sin escuchar en audiencia a la institución.
Para el caso del mundo del turismo el impacto del INA ha sido más que palpable en decenas de hoteles, restaurantes y tours operadores donde laboran los graduados de ese Instituto en empleos que tanto ha mejorado la calidad de vida de las familias especialmente en las zonas rurales.
Esa es una de las razones que más preocupa del veredicto del Tribunal porque el artículo eliminado cumplía un papel fundamental en la agilización de los procesos de contratación de personal, además de fortalecer la colaboración entre el Instituto y muchas empresas que operan bajo el régimen de Zonas Francas.
Un comunicado de prensa oficial del INA establece que el Régimen Autónomo de Servicio permitía impulsar una renovación en la oferta de servicios, por medio de la contratación de personal idóneo en condiciones competitivas. Incluso esa fuente señala que la Procuraduría General de la República había indicado que ese régimen no era inconstitucional, sino que se basaba en la amplia autonomía que tiene la institución y sus necesidades de modernización.
En el caso del sector turismo esa decisión del Tribunal afectará de manera severa la contratación de personal altamente capacitado en condiciones atractivas para un mercado laboral sumamente competitivo donde las instituciones públicas –llenas de trabas y bajos salarios- casi siempre se encuentran en franca desventaja.
Hoy existen hasta 4 grandes proyectos turísticos en construcción en Guanacaste, lo que implica que en el cortísimo plazo habrá una gran oferta de puestos de trabajo disponibles para ser ocupados, sin embargo; el talento humano debe ser capacitado y preparado para optar por esas oportunidades. Ahora El INA en Guanacaste y otras zonas turísticas del país, se quedan sin la posibilidad de avanzar con procesos rápidos.
Durante los últimos años el Instituto ha realizado una labor encomiable para acercarse a las empresas privadas con el fin de tomarle el pulso a las necesidades de entrenamiento de personal, avances que no se pueden tirar por la borda máxime tomando en cuenta las necesidades que demandan nuevos sectores productivos como el área tecnológica.
Ahora la Asamblea Legislativa tendrá que ponerse a la altura de los tiempos para enderezar el rumbo y realizar los ajustes pertinentes en la legislación, pero siempre pensado en que debe privar el interés del bien común por sobre los beneficios sectoriales para que la llave del progreso siga abriendo puertas
