Regionales
Disminución del 10,76% para abonados con consumos menores a 15 m3
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó en promedio una rebaja del 8,41% en las tarifas de agua, las cuales entrarán a regir a partir de su publicación.
Esto significa que una familia que actualmente paga ¢12.245 por 20 m3 de agua (únicamente por el servicio de acueducto), pasará a pagar ¢11.475.
Producto del ejercicio de fiscalizar contable, financiera y técnicamente a los operadores, y comprobar si el servicio se está prestando bajo el principio de servicio al costo, se determinó que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) incurre en acciones que elevan el costo promedio del servicio de acueducto, trasladando costos de más a los usuarios, quienes son los que pagan las tarifas.
Como parte de esos aspectos, está el que registra inversiones más caras por el tiempo que transcurre entre el planeamiento y la finalización (tarda entre 10 y 15 años para proyectos); al no ejecutarlas dentro del tiempo previsto, se encarecen. Además, las personas continúan con los problemas de abastecimiento de agua, sin una solución a corto plazo, aun cuando se trate de obras sencillas como la construcción de tanques.
ARESEP ordenó al AyA actualizar el catastro de abonados y su clasificación, para que cobre a cada uno según la categoría que corresponde (domiciliar, empresarial, preferencial y gobierno).
También se aprobaron tarifas para grandes consumidores, con el fin de evitar cobros arbitrarios y que se reconozcan los costos por captación, conducción, potabilización y distribución.
Otras situaciones que señala ARESEP en el estudio sobre la gestión del operador de agua son las siguientes:
- Registra 57% de pérdidas de agua potable, cuando lo establecido internacionalmente es de 30%.
- Falta la trazabilidad de los proyectos a nivel contable, seguimiento de Mideplan y plan de inversiones de la ARESEP.
- AyA soporta un costo por la deuda adquirida más elevado que su capacidad para generar recursos para pagarla (sobreendeudamiento), por lo que debe llevar a cabo un proceso de refinanciamiento o renegociación de su deuda a largo plazo.
- En el periodo acumulado 2018-2021 el AyA reportó 317 proyectos de inversión, de esos solo 107 estaban previstos en el Plan de inversiones vigente (2017) y 210 son proyectos no planificados o no reportados.
- Inconsistencias en el registro de activos, algunos con más de 40 años de uso o sin trazabilidad.
- Problemas de medición del agua y subregistro en la venta de agua.
Del análisis de la estructura de costos y gastos económicos del servicio de acueducto, la tarifa aprobada representa un 76,78% para los costos y gastos de operación, mantenimiento y administración y el 23,22% es el rédito de desarrollo, que se debe utilizar para reinversión.
• Esta peligrosa conducta se sanciona con ¢248.000 y se acumulan 4 puntos en la licencia.
• 206 conductores recibieron la misma sanción por irrespetar la señal de Alto.
Pusieron en riesgo su vida, la de sus acompañantes, la de ciclistas, peatones y otros conductores inocentes, solo para ganarse unos pocos segundos en el semáforo. Lamentablemente, para ellos, tuvieron que dedicar muchos minutos a esperar, mientras un oficial de Tránsito les confeccionaba una multa de ¢248.000 por irrespetar la luz roja del semáforo o la señal de Alto.
En lo que va del año, 1.950 conductores fueron sancionados por no detenerse ante una luz roja del semáforo y otros 206 por no detenerse en un cruce, pese a que tenían una señal de Alto vertical, pintada en la carretera o en ambos sitios. Además de la multa, sumaron cuatro puntos en su licencia, según datos con corte a julio.
El director de la Policía de Tránsito, Oswaldo Miranda Víquez, esta conducta es muy reprochable, porque normalmente la primera potencial víctima son los peatones pero, al margen de ello, son muchas personas las que se exponen a la muerte o lesiones graves por esta irresponsabilidad, que es estimulada por el deseo de ganarse unos segundos.
“Lo más paradójico es que ese mismo irresponsable lo vemos a los 100 metros esperando la luz verde del otro semáforo, entonces tampoco valió la pena el riesgo. A veces una conducta precipitada, para ganarse 2 o 3 segundos, nos cobra años en procesos judiciales y hasta años en la cárcel”, reflexionó Miranda.
• Conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas
Más de ȼ20 mil millones, invirtió la Administración Chaves Robles, en las principales necesidades de los 24 territorios indígenas del país, como lo son salud, educación, tecnología, infraestructura, electricidad, agua potable, vivienda entre otros.
Pero, además, se dio una reactivación efectiva originada del voto de la Sala Constitucional, mediante el cual se establecía de forma clara quienes eran poseedores de buena y mala fe, en el tema de los terrenos indígenas.
Se dio además, capacitación a ADII (Asociación de desarrollo integral indígena), por parte de INDER, MSP y DINADECO, sobre su papel en materia de desalojos administrativos, incidiendo en su empoderamiento para las recuperaciones de territorios por la vía legal, logrando el trasladado de ocho desalojos al Ministerio de Seguridad Pública por parte de los territorios indígenas de Coto Brus y Maleku, asimismo, ya se concretaron dos; siendo el primero el 20 de junio del 2023 después de muchos años, y seis más están en proceso. Además, se creó un fondo indígena para la modernización de dichos territorios.
Asimismo, la reubicación del colegio y viviendas en Rey Curré, en este sentido ya se encuentra listo el diseño para construcción del colegio y viviendas con una inversión de ȼ1500 millones de colones y con respecto al funcionamiento del Liceo de Kekoldi, se canalizó con el MEP, las reparaciones para reacomodar el colegio, contando tres aulas y los estudiantes van tres veces a la semana a recibir sus lecciones y se está en proceso de la aprobación de 35 millones de colones para terminar de remodelar el edificio regional del MEP, el cual estaba abandonado por más de diez años.
Por su parte, el INDER (el Instituto de Desarrollo Rural) realizó una inversión total de ȼ5.043,8 millones para el desarrollo de 171 proyectos, en los que se destaca la inversión de ȼ1.370 millones para la compra de fincas para la reubicación de personas afectadas por el conflicto en los territorios indígenas y un aporte de ȼ2.650 millones para la creación de un fondo nacional para la recuperación de los territorios.
Otro de los logros más destacables es que se propuso a los representantes de las organizaciones indígenas de Buenos Aires de Puntarenas, comprometerse a una tregua y cese a la violencia, lo cual permitió que no se haya reportado después del 17 de febrero del presente año, actos de violencia por recuperaciones mediante vías de hecho.
ALTO CARONA BENEFICIADO
En cumplimiento con los compromisos adquiridos por el Gobierno Chaves Robles, el 10,11 y 12 de julio del año en curso, se realizó un ingreso histórico vía aérea, de un equipo de 17 personas de la CCSS, ICE, IMAS, y PANI, para atenderse por tres días a la población en Alto Carona.
Cabe destacar que la atención médica en el lugar se suspendieron desde el 2019, a pesar de existir un recurso de amparo desde el 2012, a favor de los habitantes del territorio. Asimismo, se dio una colaboración interinstitucional para apoyar el gobierno local en la apertura del camino de 41km, hacia las comunidades que están históricamente incomunicadas.
Por otro lado, en un esfuerzo por llevar conectividad a la comunidad de Alto Carona, en Punta Buríca, el Grupo ICE llevó a cabo una serie de acciones en dicha gira, con el objetivo de evaluar la factibilidad de establecer una conexión de internet en esta zona remota del país y comenzó con la tarea de establecer conexiones con diferentes receptores de señal promoviendo la interconexión satelital a través del convenio ICE-MEP.
El Territorio Indígena Comte Burica se encuentra al extremo sur de nuestro país donde la mayoría de sus comunidades Ngäbe se encuentran incomunicadas, siendo su único ingreso víaérea, marítima o por territorio panameño combinado con caminatas de muchas horas, es por ello que la administración Chaves Robles, escuchó el clamor y en última visita la CCSS atendió 223 personas en consulta médica y 77 personas en atención odontológica para un total de 300 habitantes beneficiados con las prontas gestiones llevadas a cabo por el equipo profesional de la Caja.
Por su parte el PANI atendió a 44 personas y se brindó información a la población, de Alto Carona y Alto Guaymi, y sus alrededores sobre temas importantes como: Ley de Relaciones Impropias. Derechos y deberes de las personas menores de edad. Sobre las repercusiones del castigo físico (no al castigo físico). El procedimiento para interposición de denuncias a nivel PANI. Incumplimiento de deberes parentales. Finalizando con la entrega de información documental a la comunidad.
Asimismo, el IMAS logró la atención de 80 hogares donde se incluyeron acciones como: realización de estudios socioeconómicos, actualizaciones de FIS, recepción de solicitudes específicas, seguimiento a procesos abiertos en el pasado y respuesta a inquietudes generales.
Y por su parte El MEP entregará el mobiliario para el Liceo Rural Aalto Guaymí, en septiembre del presente año e iniciará la construcción de este centro educativo en el primer semestre del próximo año con una inversión total de $1,8 millones.
- El uso de semilla certificada de frijol casi se ha triplicado desde el 2018
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El uso de semilla certificada de frijol ha aumentado desde el 2018, muestra de esto es el crecimiento en la venta de esa semilla por parte del Programa de Reproducción de Semillas del Consejo Nacional de Producción (CNP), que mientras en el 2018 fue de 30 995 kg, en el 2022 vendió 90 973 KG, representando un aumento de casi el 300%.
El primer semestre de este 2023 la venta aumentó en un 135% con respecto al mismo período del año pasado. La venta pasó de 20 270 kg a 60 955 kg.
“El aumento en la venta de semilla certificada de frijol es una señal positiva de que nuestros productores están cada vez más conscientes de la importancia de utilizar semilla de calidad en sus cultivos. Recordemos que este es uno de los factores que intervienen para lograr una mejor productividad,” manifestó el presidente ejecutivo de la Institución, Adolfo Ramírez Carballo.
La variedad de semilla más buscada es la Cabécar, que es de color rojo y en segundo lugar la variedad Nambí de grano negro. Las regiones en que se compró más semilla fueron la Huetar Norte y la Brunca, que son las zonas de mayor producción en el país.
El CNP comercializa actualmente semilla de 6 variedades: Brunca, Cabécar, Guaymí, Matambú, Nambí y Tayní.
Existen múltiples ventajas asociadas al uso de semilla certificada en los procesos de siembra. Entre estas ventajas destacan el incremento en el vigor de las plantas y la mejora en el porcentaje de germinación, garantizando un mínimo del 80%. Además, la semilla certificada disminuye la incidencia de agentes patógenos, lo que contribuye a la prevención de enfermedades y garantiza un cultivo más sano. Asimismo, el productor puede tener la certeza de que el cultivo presentará todas las características deseables de la variedad seleccionada para la siembra. Estos factores en conjunto generan un aumento sustancial en la productividad y, en consecuencia, en la rentabilidad del cultivo
En el Pacífico Norte de Costa Rica, reconocido por sus insignes paisajes y playas que atraen a miles de turistas al año, así como por sus grandes extensiones de tierra ideales para la cría de ganado y cultivo de granos que lo catalogan como "la pampa" o "la bajura” se encuentra la provincia de Guanacaste.
Una de las zonas con más potencial de productividad y competitividad del país, pero también de las más afectadas por los efectos del cambio climático como la aridez y escasez de agua, tanto para consumo humano y riego, como para el desarrollo inmobiliario y turístico.
Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha ejecutado en los últimos años tres importantes proyectos de mejora y ampliación de acueductos en algunos de los cantones más poblados como lo son Nicoya, Bagaces y Liberia, los cuales benefician actualmente a más 55,000 personas con el acceso al recurso hídrico ininterrumpido y potable en sus hogares y negocios.
En esta misma línea, el BCIE aprobó uno de los financiamientos más altos en su historia para el desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras: “Agua para la Bajura”, que consiste en la construcción de estructuras hidráulicas, civiles y mecánicas para la generación y proporción de agua para riego, agua para consumo humano y para la futura generación de energía en la región Chorotega en beneficio de más de 700,000 personas.
También, desde hace varios años los guanacastecos cuentan con un servicio mejorado de salud, ya que el BCIE financió la construcción y equipamiento de la nueva torre de hospitalización y especialidades en el Hospital La Anexión, una obra que beneficia a más de 130,000 pobladores de las comunidades de Nicoya, Santa Cruz, Hojancha y Nandayure con el fortalecimeinto de los servicios de consulta externa, salas de operaciones, especialidades, entre otros.
Además de los proyectos mencionados, recientemente el BCIE aprobó el financiamiento más alto en su historia para el “Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura”, el cual contempla al menos 30 intervenciones entre carreteras, puentes y escuelas que se encuentran en estado vulnerable o riesgo inminente en cantones como Tilarán, Santa Cruz, Cañas, Liberia, La Cruz, Carrillo, Nicoya y Abangares, beneficiando a más de 82,000 pobladores. Se prevé que la ejecución de estas obras inicie pronto con la aprobación del crédito por parte del Congreso de la República.
La inversión aportada para todas las obras -desarrolladas y en progreso- es por más de US$600 millones y se enmarca dentro de los ejes estratégicos del BCIE Desarrollo Humano y Competitividad, mediante los cuales la multilateral contribuye en la generación de capacidades sociales efectivas para una real inclusión social asegurando condiciones de bienestar mínimas en materia de salud, educación y otros servicios esenciales; así como en el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como acceso al agua potable, mejora de la nutrición, y generación de empleo.
Gobiernos Locales deben acatar la Ley para no violentar principio de legalidad
Desde el pasado 10 de marzo entró en vigencia la Ley 10.159 Marco de Empleo Público, la cual es de acatamiento obligatorio para cargos públicos, incluyendo gobiernos locales. Desde esa fecha se dieron 6 meses de tiempo para que las instituciones establecieran una metodología con el fin de implementar el llamado salario global.
El próximo 10 de setiembre debe estar constituida la herramienta para la fijación de salarios, es por esta razón que, amparada en la Ley, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) elaboró una propuesta, la cual se entregará a todas las municipalidades del país, y serán ellas las que decidan si la adoptan o no en ejercicio de su autonomía.
“Lo que hicimos fue cumplir con el Artículo 7 Inciso B de la Ley Marco de Empleo Público que faculta a la UNGL a establecer mecanismos de concertación y partición en materia de empleo público. Además, amparados en el Artículo 129 del Código Municipal.
Por lo anterior, el departamento de Tecnologías de la Innovación y Mejora Continua de la UNGL construyó esta herramienta como insumo para que los Gobiernos Locales puedan tener un parámetro para la construcción de los nuevos salarios globales”, comentó José Rojas, presidente del Consejo Directivo de UNGL.
Paola Marchena, directora de dicho departamento, explicó que se deben tener salarios globales con una ponderación por puntos. “En nuestra metodología se contemplan 11 factores que contribuyen directamente en la fijación de los salarios: formación, experiencia, iniciativa, relaciones de trabajo, esfuerzo mental, responsabilidades, supervisión y coordinación ejercida, consecuencias del error, condiciones del trabajo, esfuerzo físico y compensatorio, todos estas obedecen directamente a la responsabilidad de cada cargo y se están delimitando los puntos según la categorización que existe en nuestra escala salarial suministrada para el régimen desde el 2009”, adujo Marchena.
No se debe olvidar que, a pesar de que las municipalidades tienen autonomía implícita en la Ley Marco de Empleo Público, estas no se pueden eximir de la Ley, así lo indica el Artículo 2 en el Inciso C, precisamente para no violentar el principio de legalidad.
Los gobiernos locales que se declaren exclusivos y excluyentes lo hacen para hacer valer su autonomía, pero eso no les permite apartase del cumplimiento de la Ley, razón por la cual es necesario fijar la metodología por la cual se hará la migración de los salarios globales al régimen.
Solo aplica para nuevos funcionarios
Es importante recordar que el tema del salario global, aplicará únicamente para los funcionarios que ingresen al régimen a partir del 10 de marzo 2023, todos aquellos que están contratados antes de esa fecha no se apegan a la nueva metodología.
Paola Marchena recordó que “es indispensable que las municipalidades contengan la estructura organizacional actualizada y los perfiles de cargos actualizados para poder fijar los salarios”, apuntó.
La misión de la UNGL es dotar de herramientas técnicas que contribuyan a la estandarización de los procesos en las municipalidades, de tal manera que puedan adaptarlos a la realidad de cada gobierno local.
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