Con el desarrollo rural como centro de acción, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) invirtió entre 2014 y 2015 ¢4.582 millones en la construcción de 144 obras en asentamientos campesinos que benefician a más de 32 mil familias. Estas obras públicas fueron priorizadas por las propias comunidades, en los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural, los cuales son espacios de participación ciudadana y articulación interinstitucional, que se coordinan en conjunto con el Programa Tejiendo Desarrollo.
Sobre esa línea, también se invirtieron ¢2.300 millones en la compra de 3 fincas y la ocupación de 14 fincas que se encontraban parcialmente desocupadas y sin proyectos, para destinarlas a asentamientos del Inder. Otros rubros importantes en los que se invirtió fueron seguridad alimentaria (¢2.375 millones) y créditos rurales (¢304,36 millones).
A nivel técnico, este Instituto que se crea a partir de la Ley 9036 (anteriormente se le conocía como IDA), aporta al nuevo mapa de la gobernanza nacional la consolidación de 28 territorios, a partir de sus semejanzas geográficas, comerciales, culturales, históricas, entre otras. Con esta herramienta, se maximiza los recursos en obras públicas y acciones sociales que atañen no solo a un cantón, sino a un territorio más amplio.
“Hemos creado una nueva forma de gobernanza que tiene que ver con los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural conformados en un 60% por actores comunales y un 40% institucionales, es importante porque es un cuerpo colegiado que une a los diferentes cantones en ese territorio para que propongan proyectos que beneficien a la población y que históricamente no se han realizado”, explicó Ricardo Rodríguez, Presidente Ejecutivo del Inder.
Otro de los logros que se verán concretizados a mediados del mes de abril es la presentación de la Política Estatal de Desarrollo Rural Territorial, 2015-2030. Es una oportunidad para dinamizar y priorizar la gestión pública y de la sociedad civil en los territorios rurales. Los tres pilares en los que se basa son: impulsar el crecimiento económico y generar más y mejores empleos; reducir la desigualdad y la pobreza extrema; y luchar contra la corrupción y el fortalecimiento de un Estado transparente y eficiente.
