Melissa Solís Cordero / Periodista Periódico Mensaje

Antes, el país atendía denuncias por delitos ambientales producto de un infractor individual, sin embargo, ahora se trata de grupos organizados, que han llegado a asociarse al tráfico ilegal de especies a otros países.

Por esta razón, el pasado 24 de febrero de 2016, se firmó un convenio entre el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), para articular con las diferentes fuerzas policiales, el crimen organizado en contra del ambiente.

Patricia Madrigal, Viceministra de Ambiente, enfatizó que en Guanacaste el problema que se está enfrentando es principalmente el aprovechamiento ilegal del árbol de Cocobolo, el cual posee una madera preciosa y muy cotizada, que está siendo amenazada.

“En la actualidad, bandas organizadas dotadas con alta tecnología, acumulan esta especie, la transportan en tablones, y exportan a Estados Unidos y China, sin cumplir con los procedimientos, que estipula la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES)”, dijo Madrigal.

El otro  problema en la región Chorotega continúa siendo la caza ilegal sumada a los incendios forestales con mala intención.

“Tradicionalmente, se han realizado para optimizar una jornada de cacería. Esto produce grandes pérdidas fuera y dentro de las zonas protegidas”, comentó la Viceministra.

Sumado a esto, Madrigal expresó que no conoce el promedio de denuncias en Guanacaste, no obstante, la cantidad anual a nivel nacional ronda entre las 2 000, en instancias judiciales, pero hay que agregar las que se reciben por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, que no necesariamente conducen a una condena penal, sino a la imposición de medidas precautorias.

El lunes 29 de febrero, se reunieron las entidades que trabajan en el nuevo convenio para la instalación de la Comisión, que comienza a trabajar en las prioridades que se atenderán, sin embargo, la Viceministra no pudo revelarle detalles a Periódico Mensaje, sobre lo analizado en este primer encuentro.

“Estamos como una autopista de cuatro carriles, ya hay varios operativos en marcha para hacer la priorización y planificación. Se trata de una etapa de capacitaciones diferentes entre el convenio interinstitucional, para buscar los recursos y dotar de mejores equipos y tecnologías a las partes afectadas”, comentó Madrigal.

Área de Conservación de Guanacaste con escasos recursos para actuar

Por lo general, en  las zonas protegidas guanacastecas se les dificulta actuar con eficiencia ante las infracciones ambientales, a causa de la escasez de recursos como equipamiento y la cantidad de personal. 

Tal es el caso del Área de Conservación de Guanacaste, que cuenta con sólo tres unidades y un equipo de 13 trabajadores, que suele reducirse a cuatro, para atender sus 160 000 hectáreas de áreas protegidas y casi 300 000 hectáreas de área circundante.

Alejandro Masis Cuevillas, Director del Área de Conservación de Guanacaste (ACG), manifestó que no tienen todo lo que necesitan, pero ya se han hecho estudios y para cubrir con efectividad el tema de delitos ambientales, se necesitan al menos 36 funcionarios de seguridad.

Sin embargo, el ACG ha apostado en el uso de tecnología como en la incursión de los drones, que son pequeños aparatos voladores, los cuales pueden ser controlados en forma remota, para las tareas de vigilancia, que les permite controlar la tala ilegal, la caza furtiva e incluso los incendios forestales.